La normativa de la movilidad urbana en España se ha reforzado con la aprobación reciente de la Ley de Movilidad Sostenible, que incorpora varias medidas destinadas a reducir el impacto ambiental del transporte y promover una movilidad más segura y sostenible en las ciudades y regiones del país.
Contexto y antecedentes legislativos
La ley se enmarca en el cumplimiento de la Ley 7/2021, relativa a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que obliga a municipios de más de 50.000 habitantes (o más de 20.000 en territorios insulares) a implantar estas zonas antes de 2023, restringiendo el acceso y circulación según etiquetas ambientales.
Ahora, la Ley de Movilidad Sostenible propone un nuevo escenario fiscal, permitiendo a los ayuntamientos gravar el uso del espacio urbano en las ZBE, dependiendo del tipo de vehículo y su nivel de contaminación.
Esta ley fue aprobada por el Pleno del Senado el 5 de noviembre y se ha remitido al Congreso que debe dar el visto bueno definitivo. El PP ha incluido más de 80 enmiendas (como la derogación del calendario del cierre de las centrales nucleares) y una vez votadas en la Cámara Baja el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Novedades principales de la ley
- Imposición de tarifas por circulación en ZBE: Los municipios podrán cobrar tasas a los vehículos en función de su etiqueta ambiental y tamaño, incentivando el uso de vehículos menos contaminantes y más pequeños.
- Penalización por tamaño: Los ayuntamientos podrán aplicar recargos a vehículos grandes, como SUV o 4×4, incluso si tienen etiquetas ambientales favorables, debido a su mayor ocupación de espacio y potencial impacto.
- Reducción y renovación del parque automovilístico: La ley prevé que en un plazo de tres meses desde su aprobación, el Gobierno desarrolle un plan para incentivar la compra de vehículos de bajas o cero emisiones y la retirada de coches antiguos, promoviendo también ayudas para vehículos de ocasión.
- Regulación del coche compartido: Se contempla la posible regulación del uso de vehículos compartidos como actividad económica, promoviendo soluciones sostenibles para el transporte colectivo.
La ley plantea ventajas como reforzar el principio de «quien contamina paga», incentivar la transición a vehículos limpios y financiar medidas ambientales municipales. Sin embargo, también enfrenta retos como la falta de claridad en las cifras y metodologías para calcular las tasas y el riesgo de aplicación desigual en diferentes municipios.
El impacto de limitar los SUV
Limitar los SUV en zonas urbanas tiene un impacto ambiental y social significativo, que se puede analizar desde varios puntos de vista:
- Impacto ambiental: Los SUV, por su tamaño y peso, consumen más combustible y emiten más gases de efecto invernadero que vehículos más pequeños o eficientes. Estudios muestran que en ciudades europeas, incluyendo España, el aumento del tamaño medio de los coches ha incrementado innecesariamente las emisiones tóxicas y la contaminación atmosférica.. La limitación de SUV en zonas de bajas emisiones (ZBE) busca reducir la contaminación local, contribuyendo a mejorar la salud pública, disminuir el efecto invernadero y avanzar hacia la sostenibilidad urbana.
- Impacto social: La concentración de SUV en ciudad afecta la seguridad vial, especialmente para peatones, ciclistas y colectivos vulnerables como niños y personas mayores, debido a la mayor altura y masa, que aumentan el riesgo de accidentes graves. También implica una mayor ocupación del espacio público, reduciendo espacio para áreas peatonales, mobiliario urbano y transporte público, lo que puede deteriorar la calidad de vida urbana.
Críticas
La restricción puede generar tensiones sociales y críticas. Asociaciones como la Federación Española de Familias Numerosas denuncian que la penalización fiscal de coches grandes afecta a familias con necesidades legítimas de vehículos de mayor tamaño por número de pasajeros o equipaje, y a quienes no pueden permitirse cambiar de coche fácilmente.
Existe el riesgo de que estas medidas creen brechas sociales, afectando más a las clases medias y bajas que dependen de sus vehículos antiguos y más grandes para su movilidad diaria, especialmente cuando no existen alternativas adecuadas de transporte público. Las medidas deben gestionarse con sensibilidad social para evitar impactos negativos en colectivos vulnerables y lograr una transición justa hacia una movilidad urbana más limpia y equitativa.
Estado actual y trámite legislativo
Tras su aprobación en el Congreso en octubre de 2025, el proyecto fue enviado al Senado para su revisión y posible incorporación de enmiendas. El Senado ha aprobado el texto con algunas modificaciones y lo ha devuelto al Congreso para la votación final, que determinará la entrada en vigor definitiva de la ley.
Qué debemos hacer los conductores
Esperaremos a conocer todas las implicaciones y ley que se publica, pero por ahora:
- Consultar las normativas específicas en su municipio respecto a las ZBE y las tasas aplicables.
- Seguir el desarrollo del proyecto y posibles cambios en la legislación.
- Considerar la adquisición de vehículos eléctricos o de bajas emisiones y reducir el uso del coche en favor del transporte público.
Fuentes: Senado,